Piden supervisión permanente sobre casas hogar.

- Confían en el Gobierno que encabeza el Ing. Jaime Bonilla Valdez

Foto propiedad de internet
Ensenada, BC. – Regular y supervisar a los orfanatos del Estado debe ser prioridad de este nuevo gobierno, sostuvo la activista y defensora de derechos humanos Aida Murillo Murillo.

 

Señaló que como consecuencia de la actitud indolente, omisa y desinteresada de gobiernos anteriores los menores asilados han presentado signos de desatención, así como conductas autistas, dificultades en el apego, en su desarrollo, hasta problemas de depresión y ansiedad, además de abusos sexuales y psicológicos, y esa actitud gubernamental da lugar al deterioro de salud mental de los niños.

 

La periodista hizo un llamado el pasado DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, a alzar la voz y protestar por aquellas niñas que fueron y son abusadas dentro de los orfanatorios, pues existen muchos casos y no siempre son investigados ni sancionados por la complicidad y corrupción que hay en el sistema.

 

También sostuvo que estos niños cuando llegan a ser adolescentes, por lo general presentan problemas por la demanda de atención y afectividad y en algunos provoca conductas agresivas, de ahí que sostiene que la niñez en situación de abandono requiere de la atención inmediata de las instituciones del Estado y de la sociedad, dado que se siguen ubicando por debajo de los niveles esperados de crecimiento físico, cognición y desarrollo de comportamiento general.

Sostiene que por ello garantizar los derechos de los menores a restituirse en familia debe ser un asunto prioritario y de urgencia para las autoridades.

La activista, que ha dado seguimiento a estos temas desde hace 30 años, está creando la asociación “Por la Niñez de Baja California” a fin de darles voz, asumir su defensa, promover la reintegración y lograr que las autoridades asuman también el papel que de protectores de los niños desamparados les corresponde, dicha institución que se propone para próximos meses realizar una poderosa campaña en el Estado a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de su reintegración a la sociedad y reformas legislativas al marco regulativo de Centros de Asistencia Social Privada.

Pese a que hizo un reconocimiento a la labor que realizan las Casas Hogar, dice, una parte de ellas no cumplen las condiciones mínimas para lograr el sano desarrollo de su población sobre todo en lo emocional y psicológico.  Igualmente de acuerdo a la ley, el personal debe ser debidamente capacitado y valorado.

¨Hubo mucha simulación de los anteriores gobiernos en la regulación de los centros asistenciales a quienes les entregaron licencias de operación sin realmente someterlos a pruebas confiables como psicológicas, entre otras, a personal y directivos, aunado a que cuentan con antecedentes de denuncias de graves violaciones a derechos humanos de niños, esto es gravísimo, pues sabemos que muchas de ellas no tienen por que estar operando ya que se pone en riesgo a los niños¨ sostuvo.

La institución encargada del control y vigilancia de estas casas de cuidado es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado a través de la Coordinación Estatal de Asistencia Privada y de los municipios y federación.

Aida Murillo confió que el nuevo gobierno de Baja California pondrá en su agenda la atención debida y la regulación de dichos espacios ya que se han presentado diversas denuncias por abusos y malos tratos, incluso en casas hogar que ya cuentan con su licencia, lo que debe ser un llamado del nuevo gobierno a revisarlas.

¨No hay ninguna garantía de que esos abusos no sigan sucediendo hoy al interior de orfanatos, pues siguen presentándose algunos casos, además no ha habido justicia para muchas niñas y niños, de manera que tenemos que abordar al gobernador y a los titulares del DIF Estatal y conocer personalmente de ellos sus acciones, pues es un derecho y una obligación moral de nuestra parte como ciudadanos obtenerlo¨.  

A través de un documento enviado a esta redacción se menciona que algunas Casas de Hogar tratan de sustituir los hogares familiares con enfoques distintos y otras que simplemente los consideran de paso a pesar de ser niños en pleno abandono y son movilizados constantemente de una casa a otra  por problemas de conducta o por situaciones de abusos dentro de estas que se dan, sin investigación ni sanción para los responsables.

¨Hay casas hogar muy buenas, muy bien estructuradas operativamente y con personal sensible y capacitado, pero hay otras que la única razón de ser o estar, es sólo por el dinero o vivir de ellos, también hay muchos niños que viven en pleno abandono, que no le dan la oportunidad de ser adoptado y reintegrarse a tiempo, cumplen mayoría de edad y tienen que egresar sin la debida preparación y lo único que encuentran en la calle una vez que salen, es violencia¨.

De acuerdo a especialistas estas instituciones olvidan su razón de ser pues muchos de esos niños ya arrastraban conductas y problemas, de ahí la urgencia de darles atención psicológica y capacitar al personal.

Recordó que de 2012 a 2019 los estudios que se han realizado, ya sea por la CEDH, INEGI, CIDE, CNDH o las mismas cifras de las Procuradurías, siempre han posicionado a Baja California como el Estado con más orfanatos del país y con denuncias.

Aida Murillo Murillo reconoció la labor que vienen desempeñando las nuevas cabezas del DIF Estatal, pero sostuvo que es muy pronto para evaluar su desempeño.

¨Estamos muy pendientes del gobierno, por ejemplo, sabemos que se van agilizar las adopciones con un manual que crearon; que se redujeron a mil 464 la cantidad de niños en casas hogar, lo que tenemos que verificar y también en cuanto al numero de las que operan, ya que es una información que reciente proporcionaron; tenemos que ver un DIF Estatal actuante, y creo que poco a poco se irá dando si hay voluntad, por que también es muy pronto exigir resultados, de ahí la importancia también de que el gobierno este dispuesto a trabajar con la sociedad y eso pronto lo vamos a saber¨.

Así pues, destacó la importancia de visibilizar a este sector y ponerlo en la agenda pública y debate a fin de garantizar la correcta atención a los menores.

PRESUPUESTO HISTÓRICO PARA LA COORDINACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA

El Congreso del Estado tomó cartas en el asunto asignando una partida presupuestal histórica de $4,618,790.18 pesos para la Coordinación Estatal de Asistencia Privada, la responsable de supervisar a las Instituciones de Asistencia Social Privada de Baja California.

Murillo sostuvo que DIF Estatal realiza dos visitas por año a cada casa hogar, por lo que pidió que sea constante y permanente, llevando a cabo incluso la reforma legal para establecerlo.

¨Ese presupuesto es un logro de activistas que pusieron su propio diagnóstico en manos de algunos diputados y titulares de DIF Estatal, y hay que reconocer el trabajo de los diputados que tuvieron la voluntad de defender a la niñez en abandono en el presupuesto, por que es increíble que por años los gobiernos estatales de régimen pasado minimizaron, no les interesó saber cómo tratan a sus niños, como los preparan y sus carencias, aunado a los abusos que se llegan a presentar, es grave que operaba esta institución de gobierno de asistencia privada con menos de medio millón de pesos anual, no tenían ni para la gasolina, hasta parece que estaba creado con intención de no ir a supervisar, pero ahora tenemos que vigilar que se aplique bien ese dinero, y que se generen las visitas constantes y continuas sobre estas instituciones, pero lo más importante, que DIF Estatal cuente con un diagnóstico propio profundo y minucioso de cada orfanato y sus ocupantes; se tiene que acabar la fiesta para quienes han abusado del sistema, haciéndose ricos a costa de los niños, abusándolos y encubriendo a sus abusadores en complicidad del gobierno, tiene que haber justicia para niñas y niños víctimas de delitos¨, explicó la especialista y también periodista.

NIÑOS DE ALBERGUES PRIVADOS Y PÚBLICOS SON VICTIMA DE DESAPARICIÓN, MALTRATO, ABUSO SEXUAL.

Un informe de la CNDH reveló que las niñas, niños y adolescentes que permanecen en centros de asistencia social y albergues públicos y privados del país suelen ser víctimas de delitos como la desaparición, violaciones, maltrato y abuso sexual.

Del total de 302 denuncias, 27 por ciento fueron por desaparición de personas; 14 por ciento por violencia familiar equiparada; 6 por ciento por violación; 5 por ciento por lesiones o maltrato; 5 por ciento por abuso sexual y 6 por ciento por otros delitos. Solo 5.2 por ciento de las averiguaciones previas o carpetas de investigación se consignaron y se desconoce el estatus de 44.7 por ciento de las denuncias presentadas.

El Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, precisó durante la presentación del informe que los datos solicitados por el organismo comprenden a 877 centros de asistencia social (119 públicos y 562 privados) en el periodo de enero de 2014 a febrero de 2016 y una ampliación hasta el 31 de julio de 2019.

Con las cifras recabados se sabe que hay al menos 26 mil 372 niñas, niños y adolescentes albergados principalmente en Sonora, la Ciudad de México y Baja California.

Mientas que las entidades con más quejas registradas por la CNDH fueron Baja California (46), la Ciudad de México y Jalisco (con 23 cada una), el Estado de México (21) y Oaxaca (16).

Minerva Gómez Plata, coordinadora del Programa de Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) la falta de políticas públicas dirigidas a las familias es una de las principales causas de los ingresos a albergues.

“No sé requiere más casa hogar o albergues, se requiere apoyar a las familias para que cumplan sus obligaciones y evitar los ingresos por falta de capacidad, la pobreza no puede ser una condición de ingreso”, alertó.

LLAMADO AL ESTADO

El Visitador Ismael Eslava llamó al Congreso de la Unión a reformar el artículo 107 de la Ley General  de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para obligar la vigilancia de centros y albergues, además de prohibir expresamente el castigo corporal.

El funcionario destacó que la cifras recabadas muestran que en dichas instancias no se aplica la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional del que México es parte.

La CNDH también pidió a los congresos locales y a las Secretarías de Gobernación, Salud, Educación pública, Cultura y Bienestar generar programas integrales para mejorar los centros y capacitar al personal.

La cifra del horror: 3,217 niñas y 2,235 niños desaparecidos en 10 años en México; 70%, con Peña.  Además, el organismo señaló la importancia de una mejor distribución en el presupuesto, Pues 11 sistemas DIF del país dijeron no contar con el mismo para coordinar la operación de centros y albergues.

“Mientras que algunos [sistemas DIF] disponen de recursos menores a un millón de pesos anuales, otras cuentan con más de 50 millones en el mismo periodo”, denunció el primer visitador.

A los encargados de procuración de justicia del país, el Primer Visitador pidió mejorar la recopilación de denuncias y delitos, así como darle prioridad a la atención de los mismos.

“El Estado mexicano debe transitar hacia un esquema integral de protección de derechos de la niñez y adolescencia en centros y albergues públicas y privados”, dijo y anunció que la CNDH notificará a instancias de los tres niveles de Gobierno sobre los resultados del informe para que implementen las acciones necesarias.

Por su parte, Cinthya González Téllez Girón, Coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH, recordó la obligación del Estado por supervisar los centros y albergues tanto privados como públicos.

González Téllez pidió a las autoridades garantizar que los centros “operen como espacios de resguardo temporal que garanticen su resguardo integral, que su proyecto de vida sufra las mínimas afectaciones posibles”.

También destacó el derecho que tiene la niñez y adolescencia a “crecer y ser felices para garantizar su respeto y acceso a los derechos humanos”.

Aquí puede consultar el informe entregado en octubre de 2019 por la CNDH.

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-adolescentes-centros-albergues.pdf

LE GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

En el marco jurídico de nuestro país se contempla en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes  que data de 2014, la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esta ley establece que el internamiento de un niño en una casa hogar debe ser de carácter breve y temporal, garantizando su reintegración al medio familiar en el marco del interés superior del menor.

De acuerdo al artículo 123, fracción. IV de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la autoridad responsable debe elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para su protección.

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la seguridad jurídica y debido proceso a fin de garantizar su reintegración al seno familiar.

 

Facebook Comments